Palma, 27 de marzo de 2019.- La Demarcación de Balears del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos inició ayer las negociaciones ante las elecciones generales, europeas, autonómicas, insulares, y municipales obteniendo compromisos por parte de Podemos Balears para negociar mayores inversiones, especialmente en la red ferroviaria e hidráulica.

En una reunión presidida por el vicedecano de la Demarcación, Antonio Luengo, y a la que asistieron otros miembros del colegio, entre ellos el vocal Antonio Ginard y el secretario Alejandro Asensi, el candidato de Podemos al Govern, Juan Pedro Yllanes, aseguró que “el Convenio Ferroviario debe ser correcto y justamente dotado de forma económica”. El candidato número por Balears ha explicado que “esta ha de ser una de las medidas a destacar en la próxima legislatura, ya que ayudaría a fomentar el uso del transporte público si se tiene un mejor servicio”.

Por su parte, Iván Sevillano, conseller y número 4 a la lista de Podemos al Consell de Mallorca, afirmó que ” la red de abastecimiento de Agua tiene que ser renovada”. “Desde Podemos hemos hecho la propuesta de que el agua ha de ser pública y potable en Mallorca y Balears i nos tenemos que centrar especialmente en que llegue a todos los nucleos de Balears, así como también evitar las pérdidas o fugas actuales”, afirmó.

Finalmente, Rodrigo Romero, concejal de Infraestructuras y Accessibilidad y candidato número 3 a Cort, ha explicado que “se tiene que implementar un nuevo Modelo de Movilidad en Balears les Illes con un menor uso del vehículo privado”.

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, como Corporación de Derecho Público encargada de la interlocución entre los profesionales de la ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y los poderes y Administraciones Públicas, se ha dirigido a los partidos políticos con actividad en el conjunto de Illes Balears que según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), adscrito al Ministerio de Presidencia del Gobierno de España, obtendrán representación en las próximas citas electorales. Mediante este proceso, la Demarcación quiere poner en valor la profesión, que desde el siglo XIX a través de ingenieros de caminos, canales y puertos como Emili Pou Bonet, Eusebi Estada Sureda, Pere Garau Canyelles, y Antonio Parietti y Coll, y varios centenares más, han hecho posible, junto al esfuerzo público y privado, la transformación de Illes Balears en un destino turístico que dispone de infraestructuras de primer nivel.

El formato elegido es compartir las cuestiones de interés e invitar a los partidos políticos a abordar los temas de interés para el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Entre los temas, se encuentran la prioridad que tendrán las inversiones en los presupuestos con respecto al gasto social y al pago de deuda; el porcentaje del presupuesto que se compromete al menos a destinarlo a inversión; los mecanismos para financiar nuevas inversiones; los tipos de inversiones en infraestructuras que considera prioritarias; las soluciones para la dependencia energética; las soluciones para la gestión de residuos una vez casi alcanzada la capacidad máxima de incineración; la limitación de tráfico de vehículos en Formentera y otras localidades; las prioridades en materia portuaria; los modelos para el Puerto de Palma, y el de Sant Antoni; la posibilidad de que los puertos de Alcúdia y Portocristo se adecúen al tráfico de cruceros y pasajeros de líneas regulares; las fórmulas para reducir la pérdida de agua de la red, en muchos municipios mayor al 40%; las prioridades en el transporte ferroviario; el posicionamiento sobre unir Palma con Aeropuerto y Llucmajor; el posicionamiento sobre la línea en Son Espases; el incremento de alturas en edificios para aumentar la oferta de vivienda y hacerla más accesible a la clase media; la implantación de las nuevas tecnologías en las infraestructuras viarias; la implantación de radares en los cauces fluviales; las actuaciones para solventar el vertido de aguas residuales al mar y evitar el perjuicio al principal sector económico de Balears; la posibilidad de traspaso de competencias de Recursos Hídricos a los “Consells” insulares, y las propuestas para un nuevo Plan Director de Carreteras.

Otros temas que también se han trasladado son la necesidad de más Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en puestos de dirección de la Administración, puesto que se encuentra al servicio público en todos los niveles de jerarquía administrativa allí donde hay territorio e infraestructuras para el desarrollo de la población; la necesidad de destinar más recursos técnicos de la administración a la ordenación-gestión-ejecución de la parte pública del suelo; el encaje de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en el desarrollo de las ciudades inteligentes, la movilidad sostenible, la vivienda, la ordenación de la industria turística y su intervención sobre el territorio, modernización de los equipamientos e infraestructuras públicas en busca de la eficiencia, digitalización de la administración (Metodología BIM Da 15 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014) y sus procesos constructivos; la previsión de inversión en ordenación, gestión, y ejecución; la previsión de un incremento de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la elaboración de Leyes, Reglamentos, Planes, etc., sería necesario contar con más ICCP en la elaboración de las normas, pues, por ejemplo, es posible que el PGOU de Eivissa no se apruebe a causa de una deficiente justificación sobre la suficiencia de recursos hídricos de la isla; la concienciación sobre la mejora que conllevaría tener en cuenta la versatilidad de los ICCP en diferentes puestos de la administración; la previsión del aumento de la dotación técnica desde el Govern, hasta los Ajuntaments, y la posibilidad de financiar un estudio de la Universidad Politècnica de València (valorado en 140.000 euros, con posibilidad de financiación de un 20% por parte del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos) para implantar medidas que eviten o minimicen la posibilidad de nuevas catástrofes en los núcleos de población próximos a cauces.