Palma.- El Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales, y Puertos (ICCP) en Balears, Juan Antonio Esteban Rodríguez, y los abogados Pedro Horrach Arrom, quien fue titular del Ministerio Fiscal de Anticorrupción en Balears durante un decenio, y Francisco David Salvà Coll aconsejaron a los ICCP que se vean inmersos en investigaciones penales, que actúen con «prudencia» y «templanza» (tal y como afirmó el Decano), y recurran a asesores profesionales, en este caso a abogados. Las recomendaciones tuvieron lugar el pasado 27 de octubre en el salón de actos de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), cedida para la ocasión a la Demarcación del Colegio de ICCP, y durante la sesión Horrach mostró empatía con aquellos investigados, e incluso detenidos, que, sin embargo, al finalizar el proceso penal son declarados inocentes.
La introducción de la sesión corrió a cargo de Esteban Rodríguez, quien además de recomendar actuar manteniendo las cualidades humanas mencionadas, señaló la dificultad que supone para algunos ICCP encontrarse inmersos en un proceso penal bajo la presión de una imputación o detención, a la que, en algunos casos, se añade la exposición mediática, y en los tiempos actuales, de personas y organizaciones que publican opiniones y hechos en Internet, sin esperar a las conclusiones de las investigaciones. Acto seguido, el Decano presentó a Horrach y a Salvà.
Del primero, Esteban destacó su trabajo para Crowe Legal, una de las mayores firmas de servicios profesionales a nivel mundial, después de que el Boletín Oficial del Estado publicara la aprobación de la excedencia del titular del Ministerio Fiscal de Anticorrupción. Horrach acumula, en la actualidad, más de tres décadas de
experiencia como profesional, cerca de una tercera parte como Delegado de la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado en Baleares. Durante esa etapa lideró más de 50 operaciones anticorrupción. Tras presentar a Horrach, el Decano presentó a Francisco David Salvà, Licenciado en Derecho en la Universidad de Salamanca, y abogado de Horrach y Salvà Abogados, como especialista en derecho penal y derecho administrativo. Entre los dos expertos, los asistentes pudieron conocer cómo actuar ante un procedimiento penal, que era el objetivo de la sesión.
El primer ponente en intervenir fue Horrach, quien comenzó admitiendo que la Administración de Justicia «está preparada para los roba-gallinas». Dicho esto, recordó que las investigaciones penales se inician «porque alguien denuncia» y el Ministerio Fiscal debe comprobar «la fiabilidad» de los datos aportados, momento en el que «armas un cacao, que puede acabar en archivo», a pesar de que los investigadores actúan «de la manera más leal y eficaz posible». Del mismo modo, señaló la necesidad de contar con más especialistas que puedan colaborar en la investigación de los casos, y las dificultades a las que se enfrentaban los investigadores, principalmente hace unos años, sin apenas disponer de tecnologías como las actuales. A continuación, se refirió a diversos casos prácticos en los que ha trabajado, y argumentó que en ocasiones los técnicos son citados debido a que participan en la elaboración de pliegos de condiciones que, en algunos casos, han estado bajo sospecha de favorecer los intereses de una persona u organización después de, supuestamente, recibir presiones para tal fin. Por ello, Horrach consideró que «vuestra labor (la de los técnicos, en general, y de los ICCP en particular) es fundamental para preservar la integridad, pero también para pervertirlos (los pliegos de condiciones)». En estas ocasiones, el especialista de Crowe Legal recomendó «contar la verdad» e ir de la mano de un abogado, si bien también recordó que existe el derecho al olvido, y que una detención preventiva puede durar, como máximo, 72 horas. Por su parte, Salvà, recalcó la importancia de recurrir a un abogado en el caso que un técnico se vea expuesto a una investigación penal con o sin detención.
