Palma, 16 de abril de 2019.- La Demarcación de Balears del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha proseguido esta tarde las negociaciones ante las elecciones generales, europeas, autonómicas, insulares, y municipales trasladando al candidato de Ciutadans a presidente del Govern, Marc Pérez-Ribas, y a Beatriz Camiña, candidata a presidenta del Consell de Mallorca, los temas que más preocupan al colectivo.

En una reunión presidida por el vocal Antonio de Pablo y a la que ha asistido también el secretario Alejandro Asensi y el asistente en Relaciones Institucionales y Comunicación, Felipe Lorenzo, los candidatos han ido respondiendo a los temas expuestos por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Balears. Ciutadans ha resumido su programa en infraestructuras para Palma, las islas, y la Comunitat Autònoma.

Pérez Ribas ha asegurado que su partido apuesta por un nuevo modelo de financiación “transparente”. Igualmente, ha indicado soluciones factibles para favorecer la movilidad, promoviendo el uso del autobús. Por su parte, Carmiña ha apostado por reducir los puntos negros en las carreteras “para salvar vidas” y potenciar la vivienda de protección oficial de alquiler. Ambos han destacado la necesidad de que los ICCP tengan mayor relevancia en la toma de decisiones de la Administración Pública. Del mismo modo, Pérez-Ribas ha remitido al apartado de infraestructuras del programa electoral de Ciudadanos para responder algunas cuestiones. En concreto, el programa indica que “propondremos un Pacto de Estado por los Transportes y la Movilidad Sostenible; potenciaremos la Oficina Nacional de Evaluación para que todas las inversiones estén justificadas por criterios de rentabilidad socioeconómica y no electoralistas; aumentaremos la inversión en conservación en toda la Red de Carreteras del Estado, para garantizar la máxima seguridad vial y prevenir todos los accidentes evitables; impulsaremos la movilidad de proximidad y los corredores de transporte estratégicos; invertiremos decididamente en la mejora de las redes de Cercanías y los ejes y corredores de la Red Transeuropea de Transportes, y las Autopistas del Mar, favoreciendo la intermodalidad y la complementariedad;
sustituiremos los guardarraíles que suponen una amenaza mortal para los motoristas por nuevos modelos con Sistema de Protección para Motoristas (SPM), y protegeremos a nuestros ciclistas reforzando y revisando las medidas de seguridad para la convivencia en la carretera”. Sobre movilidad, el programa indica que “España liderará la industria de las baterías y los vehículos cero emisiones; incentivaremos la renovación del parque automovilístico privado por modelos menos contaminantes, e impulsaremos la instalación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos; renovaremos el parque móvil y el transporte público para que sea 100% sostenible; incrementaremos el presupuesto de I+D+i para que España sea líder en el desarrollo de baterías para coches eléctricos; elaboraremos una Ley de Financiación del Transporte Público Urbano Colectivo para establecer un marco más justo y estable de financiación en los principales municipios del país; derogaremos de forma inmediata el decretazo de PSOE y Podemos contra las VTC y acabaremos con la absurda fragmentación del mercado, garantizando la seguridad jurídica y la competencia leal; Habilitaremos nuevos servicios como el viaje compartido (car-pooling) e impulsaremos medidas para fomentar la competitividad del taxi”. El programa se puede consultar en  https://www.ciudadanos-cs.org/programa-electoral

Por otra parte, entre los temas comunicados a Ciutadans, se encuentran la prioridad que tendrán las inversiones en los presupuestos con respecto al gasto social y al pago de deuda; el porcentaje del presupuesto que se compromete al menos a destinarlo a inversión; los mecanismos para financiar nuevas inversiones; los tipos de inversiones en infraestructuras que considera prioritarias; las soluciones para la dependencia energética; las soluciones para la gestión de residuos una vez casi alcanzada la capacidad máxima de incineración; la limitación de tráfico de vehículos en Formentera y otras localidades; las prioridades en materia portuaria; los modelos para el Puerto de Palma, y el de Sant Antoni; la posibilidad de que los puertos de Alcúdia y Portocristo se adecúen al tráfico de cruceros y pasajeros de líneas regulares; las fórmulas para reducir la pérdida de agua de la red, en muchos municipios mayor al 40%; las prioridades en el transporte ferroviario; el posicionamiento sobre unir Palma con Aeropuerto y Llucmajor; el posicionamiento sobre la línea en Son Espases; el incremento de alturas en edificios para aumentar la oferta de vivienda y hacerla más accesible a la clase media; la implantación de las nuevas tecnologías en las infraestructuras viarias; la implantación de radares en los cauces fluviales; las actuaciones para solventar el vertido de aguas residuales al mar y evitar el perjuicio al principal sector económico de Balears; la posibilidad de traspaso de competencias de Recursos Hídricos a los “Consells” insulares, y las propuestas para un nuevo Plan Director de Carreteras.

Otros temas que también se han trasladado son la necesidad de más Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en puestos de dirección de la Administración, puesto que se encuentra al servicio público en todos los niveles de jerarquía administrativa allí donde hay territorio e infraestructuras para el desarrollo de la población; la necesidad de destinar más recursos técnicos de la administración a la ordenación-gestión-ejecución de la parte pública del suelo; el encaje de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en el desarrollo de las ciudades inteligentes, la movilidad sostenible, la vivienda, la ordenación de la industria turística y su intervención sobre el territorio, modernización de los equipamientos e infraestructuras públicas en busca de la eficiencia, digitalización de la administración (Metodología BIM Da 15 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014) y sus procesos constructivos; la previsión de inversión en ordenación, gestión, y ejecución; la previsión de un incremento de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la elaboración de Leyes, Reglamentos, Planes, etc., sería necesario contar con más ICCP en la elaboración de las normas, pues, por ejemplo, es posible que el PGOU de Eivissa no se apruebe a causa de una deficiente justificación sobre la suficiencia de recursos hídricos de la isla; la concienciación sobre la mejora que conllevaría tener en cuenta la versatilidad de los ICCP en diferentes puestos de la administración; la previsión del aumento de la dotación técnica desde el Govern, hasta los Ajuntaments, y la posibilidad de financiar un estudio de la Universidad Politècnica de València (valorado en 140.000 euros, con posibilidad de financiación de un 20% por parte del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos) para implantar medidas que eviten o minimicen la posibilidad de nuevas catástrofes en los núcleos de población próximos a cauces.

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, como Corporación de Derecho Público encargada de la interlocución entre los profesionales de la ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y los poderes y Administraciones Públicas, se ha dirigido a los partidos políticos con actividad en el conjunto de Illes Balears que según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), adscrito al Ministerio de Presidencia del Gobierno de España, obtendrán representación en las próximas citas electorales. Mediante este proceso, la Demarcación quiere poner en valor la profesión, que desde el siglo XIX a través de ingenieros de caminos, canales y puertos como Emili Pou Bonet, Eusebi Estada Sureda, Pere Garau Canyelles, y Antonio Parietti y Coll, y varios centenares más, han hecho posible, junto al esfuerzo público y privado, la transformación de Illes Balears en un destino turístico que dispone de infraestructuras de primer nivel.